La violencia y la explotación sexual que ocultan los teléfonos móviles

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Paseamos por la calle, vemos algo que nos llama la atención y sacamos el teléfono móvil para sacarle una foto. Con la tableta vemos películas o series, mientras que el ordenador podemos reservarlo para editar las fotografías de las vacaciones. La tecnología ha servido para cambiar la forma en la que vivimos y nos ha facilitado la vida. Pero estos dispositivos guardan un lado oscuro que en muchas ocasiones permanece oculto o, simplemente, decidimos continuar con la venda. “El teléfono móvil nos sirve para estar informados, conectarnos con el mundo y entre nosotros, pero para hacer esos terminales hacen falta minerales que se extraen de minas como las de mi país, donde son controladas por grupos armados que no respetan los derechos humanos”. Con estas palabras explica Justine Masika, una mujer congoleña que ha vivido en primera persona el horror que se vive en las minas ilegales del país africano.

“Los niños trabajan como porteadores llevando el mineral o dentro de las minas, mientras las chicas, algunas de entre 13 y 15 años, son víctimas de explotación sexual y algunas se prostituyen. Las mujeres mayores se encargan de transportar, lavar y triturar el mineral por muy poco dinero y en zonas donde el agua que emplean para ello se usa para beber y cocinar”. Este es el relato que Justine Masika ha compartido este martes en la LibreCon ante una sala llena. La cita de las tecnologías libres no ha querido dejar pasar la ocasión para poner el foco, como ya lo hizo en 2014, sobre una realidad provoca que 100.000 mujeres sean violadas a causa de estos minerales conflictivos.

Por este motivo, y con el objetivo de visibilizar esa realidad ante la sociedad, la ONG Alboan ha puesto en marcha la iniciativa ‘Tecnología libre de conflicto’, que busca hacer fuerza para “impulsar una ley que obligue a las empresas transnacionales a que por lo menos conozcan de dónde proceden sus suministros de minerales”, han explicado desde la ONG, poniendo el foco sobre Europa, que carece de este tipo de legislación. “EE UU cuenta desde el 21 de julio de 2010 con la denominada Ley Obama, que persigue la trazabilidad de los recursos minerales”, porque al final, el objetivo último no es otro que “nuestro consumo de minerales no sirva para financiar a grupos armados”. En ese sentido, los representantes de Alboan han destacado que “los territorios, las personas y los productos tenemos más interdependencia de la que pensamos, y su condición de víctimas está vinculada a nuestro consumo de tecnología”. Unas herramientas electrónicas tras las que existe “mucha monstruosidad”.

A esa vulneración de los derechos humanos también se debe sumar la “deforestación que provocan las minas ilegales”, ha incidido Justine Masika. Un problema no sólo medioambiental, ya que las zonas devastadas son aquellas que “antes eran tierras agrícolas”, lo que provoca que “ya no haya comida para la población y exista un problema de inanición”.

La respuesta, el consumo responsable

Ante la situación que se vive en su país, Justine Masika ha hecho hincapié en que las sociedades consumidoras de estos minerales tienen qué decir a este respecto: “Se tiene que hacer un consumo responsable”. Justine Masika ha explicado que ante una situación en la que “cada seis meses sale un nuevo modelo de teléfono móvil, tenemos que intentar aguantar el máximo tiempo posible con el que ya tenemos”. Con ello, según ha explicado, “estaremos ayudando a esas mujeres y niños que viven esa violencia por parte de los grupos armados, que lo que hacen es vender el mineral para comprar armas”.

Exposición organizada por Alboan sobre las minas ilegales y los minerales conflictivos se puede ver en la LibreCon.
Exposición organizada por Alboan sobre las minas ilegales y los minerales conflictivos se puede ver en la LibreCon.

Ante la atenta mirada de los asistentes, Justine Masika ha confiado en que “el boca a oreja funcione tan bien como en mi país, y que se hable sobre ello y llegue hasta los oídos de las multinacionales para librarnos de estas minas ‘sucias’”. Según ha explicado, en el norte de Kivu, región de la que procede Justine Masika, existen “unas 1.000 minas, 220 de ellas con permiso o legales”. Pero que una mina cuenta con todo en regla no quiere decir nada: “Hoy puede ser así y dentro de unos meses, si va un grupo armado, ser ilegal”. El mayor problema que existe en su país es que, pese a que los controles de las minas legalmente se deberían realizar cada seis meses, en la práctica no sucede así. “El país no cuenta con buenas carreteras y en muchas ocasiones es muy difícil desplazarse hasta las minas. Además, se tiene que conformar un grupo de entidades muy diferentes”. Por ello, en ocasiones no es difícil que el seguimiento sobre la legalidad de esas minas sea pasado un año o más.

A los problemas de las infraestructuras viarias se suma también “la gran cantidad de corrupción que hay en el gobierno”, llevando a que las dos entidades encargadas de vigilar que las minas estén en regla “no hagan su trabajo. Tenemos un problema de gobernanza: hay leyes pero no se cumplen por la corrupción”.

No obstante, Justine Masika ha querido recalcar el hecho de que “las mujeres no quieren seguir siendo víctimas y se han organizado en asociaciones para convertirse en agentes del cambio”. Algo en lo que tanto Europa, EE UU y otros países pueden ayudar “con su complicidad” y legislando. “Con estas medidas de acompañamiento podrá hacerse una explotación legal de minerales”.

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